El legislador, al objeto de corregir los desajustes entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados ataca a la fotovoltaica utilizando inspectores faltos de conocimientos en la materia
El Gobierno quiere corregir el déficit de tarifa castigando a las instalaciones fotovoltaicas finalizadas fuera de plazo, repotenciadas, y con modificaciones sustanciales al proyecto presentado.
La procedencia de si una planta es legal o ilegal, evidentemente ha de descansar sobre nociones que poseen un decisivo componente técnico valorativo para cuya concreción es preciso remitirse a máximas de experiencia, todo lo cual, evidentemente, sobrepasa el ámbito de los conocimientos científicos o técnicos que cabe presumir en sus funcionarios destinados en los servicios de inspección.
Resulta realmente absurdo que un funcionario, sin formación técnica o administrativa en fotovoltaica, pueda decidir sobre la legalidad de algo con la total ausencia de auxilio técnico procedente de peritos que aporten la información y los conocimientos necesarios para valorar el sentido y finalidad de los proyectos fotovoltaicos.
Sin embargo, no existe ninguna constancia de que tales funcionarios, que firman las Actas de inspección, a la hora de decidir sobre tan importante cuestión, para la que se precisan conocimientos especializados en este campo de la inspección y el desarrollo aplicados a la industria fotovoltaica, hayan apelado a ese imprescindible complemento auxiliar, cuando podrían perfectamente hacerlo.
Nos preocupa la actual agenda de transición energética que, lejos de responder a las actuales urgencias, profundiza en los mismos mecanismos que nos han llevado a esta crisis ecológica y social. El manifiesto está disponible en la web para firmar.
La nueva directiva, aprobada el 12 de marzo afecta a todos los Estados Miembros de la UE, que están obligados a incorporar sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo máximo de 24 meses.