Los Estados miembros, los gestores de redes de transporte, la industria de la energía y las partes interesadas deben trabajar en estrecha colaboración para garantizar un nivel elevado de seguridad energética a los ciudadanos y empresas europeas.
En relación con el petróleo, ya se han tomado medidas importantes con la adopción, en 2009, de la Directiva sobre reservas de petróleo, que impone a los Estados miembros la obligación de crear y mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y productos petrolíferos.
Los Estados miembros deben tener la seguridad de que, en situaciones de escasez de suministro, pueden contar con sus vecinos. El informe de la Comisión de 2014 sobre la capacidad de reacción a corto plazo del sector del gas hacía hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación a la hora de hacer frente a una posible interrupción del suministro. Para establecer una gestión común de las crisis, la Comisión propondrá planes de medidas preventivas y de emergencia a nivel regional y de la UE, incluidas las partes contratantes de la Comunidad de la Energía. Debe reforzarse la solidaridad entre Estados miembros, especialmente en tiempos de crisis de suministro. Esas cuestiones y la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento se tendrán en cuenta en la propuesta de revisión del Reglamento sobre seguridad del suministro de gas.
La Comisión evaluará las opciones existentes en materia de mecanismos de agrupación voluntaria de la demanda para la compra colectiva de gas durante una crisis y en caso de que los Estados miembros dependan de un único proveedor. Estas medidas tendrían que ser plenamente conformes con las normas de la OMC y con las normas de competencia de la UE.
Muchos Estados miembros tienen actualmente unos marcos inadecuados en materia de seguridad de suministro de electricidad y utilizan enfoques obsoletos e incoherentes de evaluación a este respecto. En colaboración con los Estados miembros, la Comisión establecerá una serie de niveles de riesgo aceptables respecto a las interrupciones de suministro y una evaluación de la seguridad de suministro objetiva y factual para toda la UE que aborde la situación en los Estados miembros.
Para ello se tendrán en cuenta los flujos transfronterizos, la producción variable de energías renovables, la respuesta a la demanda y las posibilidades de almacenamiento. Solo deben establecerse mecanismos de capacidad para hacer frente al problema de la seguridad de suministro en caso de que una evaluación de la adecuación de un sistema regional indique esa necesidad, teniendo en cuenta el potencial de eficiencia energética y de respuesta a la demanda.
Nos preocupa la actual agenda de transición energética que, lejos de responder a las actuales urgencias, profundiza en los mismos mecanismos que nos han llevado a esta crisis ecológica y social. El manifiesto está disponible en la web para firmar.
La nueva directiva, aprobada el 12 de marzo afecta a todos los Estados Miembros de la UE, que están obligados a incorporar sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo máximo de 24 meses.