El Gobierno español ha de permitir optimizar los recursos y descubrir les rutas de trabajo que nos conduzcan al objetivo final: reducir el consumo energético del parque edificado.
La necesidad de reducir el consumo energético en los edificios existentes se hace cada día más evidente, por su situación de dependencia energética del exterior, por cuestiones medioambientales y para cumplir con los protocolos de reducción de emisiones.
La rehabilitación energética de edificios existentes es una vía de trabajo prioritaria que actúa sobre el parque edificado y, de entre los edificios de uso público, los centros docentes son un objeto de estudio con un potencial de ahorro importante, ya que el consumo de energía se relaciona básicamente con la calefacción y la iluminación, dos sistemas sobre los que las estrategias de ahorro, reducción de la demanda y gestión eficiente dan muy buenos resultados.
Las acciones urgentes en materia de política energética son las siguientes:
1º Reducir el consumo energético debido a nuestra elevada situación de dependencia energética y también por razones relacionadas con el impacto ambiental y las
emisiones asociadas.
2º Fomentar y promover las energías renovables y el autoconsumo ya que son más económicas que las energías fósiles contaminantes.
3º Promover la rehabilitación energética de edificios sobre el parque edificado tanto público como privado.
4º Conseguir ahorro en los costes energéticos asociados básicamente a dos grandes conceptos, la iluminación y la climatización, fomentando la eficiencia energética.
5º Definir los indicadores estratégicos para identificar las oportunidades de ahorro, evaluar las posibles medidas de reducción de consumos a partir de la limitación de la demanda, analizar y dar contenido al papel de cada uno de los actores que intervienen en las estrategias de uso y gestión de los edificios y establecer los criterios que deben considerarse para realizar las futuras intervenciones de rehabilitación energética.
6º Dotar y restablecer la necesaria seguridad jurídica de todos los proyectos de energías renovables en los que intervenga la inversión privada, ya que un País sin seguridad jurídica y respeto a los inversores, es un País sin futuro y con grave peligro de fuga y evasión de capitales.
Nos preocupa la actual agenda de transición energética que, lejos de responder a las actuales urgencias, profundiza en los mismos mecanismos que nos han llevado a esta crisis ecológica y social. El manifiesto está disponible en la web para firmar.
La nueva directiva, aprobada el 12 de marzo afecta a todos los Estados Miembros de la UE, que están obligados a incorporar sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo máximo de 24 meses.